Barillas, defensores del territorio

Literalmente me horroriza leer este artículo publicado hoy en las páginas de un medio comercial español sobre lo que está ocurriendo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Guatemala.

Para los que quieran saber algo más sobre las razones de la lucha noviolenta de los habitantes de Barillas en contra de la instalación de una empresa de capital español (Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A.) en su territorio, les invito a leer las líneas que siguen que formaron parte de varios artículos publicados en mdios independientes durante el mes de enero del 2013.

En Barillas, se está criminalizando la protesta social y es absolutamente inadmisible que un medio de comunicación comercial se dedique a hacer lo mismo en sus páginas. Viejas estrategias de represión ante la defensa del territorio se mezclan con la poca honestidad de algunos trabajadores de los medios comerciales a los que parece importarles más quién se anunciará en sus páginas que contrastar su información con los habitantes de Barillas.

Para seguir de cerca lo que está ocurriendo en Barillas sigan:

PRENSA COMUNITARIA:

https://comunitariapress.wordpress.com

http://www.facebook.com/Comunitaria.Prensa

CENTRO DE MEDIOS INDEPENDIENTES DE GUATEMALA (CMI)

http://cmiguate.org/

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Barillas, defensores del territorio

Marta Molina.- Enero 2013

Rocael es maya Q’anjob’al. Vive en el Cantón Recreo B, en Santa Cruz Barillas, en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala. Este año cumple 21, está casado, tiene una hija y estudia para ser maestro. Por primera vez en su vida, comenta, el 1 de mayo de 2012 entendió el miedo que sintieron sus abuelos durante el conflicto armado (1960-1996), “cuando el ejercito les expulsó de sus casas con el pretexto de que eran guerrilleros y tenían armas”. En ese período de la guerra civil se perpetuó el “genocidio maya” durante el que hubo 669 matanzas con más de 200.000 muertos y más de 45.000 desaparecidos -según cifras del informe Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)- a lo largo de los 36 años que duró el conflicto. Los militares y paramilitares, según la ONU, cometieron 6.000 asesinatos por año de que los que el 98% han quedado sin castigo.

“Ellos vieron cómo mataban a compañeros de sangre. ¡A saber que será eso de los 80! Pensaba. No lo había vivido, pero pues ahora, entendí”. Parece que viejas estrategias represivas en contra de la población local se repiten en esta región de Guatemala en la que, desde 2007, los indígenas Q’anjob’al se están organizando para defender su territorio ante la imposición de megaproyectos de capital extranjero.

Ese día, 1 de mayo de 2012, los barillenses estaban de fiesta. Celebraban la feria anual en honor a la Santa Cruz. Cesar Juan, comunicador social de Barillas, nos cuenta que todo se estaba desarrollando con normalidad hasta que la gente se enteró de que acababan de asesinar al campesino Andrés Francisco Miguel y que tres compañeros fueron heridos de bala. “Entonces, ya por la tarde, miembros de varias comunidades se acercaron a la zona urbana de Barillas para manifestarse en repudio al asesinato. Ese día, fue el detonante para que la comunidad gritara “ya basta” más fuerte que nunca”. Al día siguiente, el gobierno del país, encabezado por el ex-militar y actual presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, anunció que decretaría un Estado de Sitio en la zona.

Los antecedentes de este acontecimiento se remontan al 2007, cuando comenzó a instalarse un megaproyecto hidroeléctrico de capital español en el margen norte del el río Q’ambalam de la mano de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria en Guatemala de la transnacional española Hidralia Energía. A partir de entonces, la comunidad empezó a organizarse por la defensa del territorio y en contra de este megaproyecto llevando a cabo tareas de información a los pueblos cercanos, realizando consultas comunitarias y asambleas, hablando con las autoridades municipales y manifestándose pacíficamente.

¿Un Estado de Sitio motivado por la lucha por la defensa del territorio de los maya Q’anjob’al? ¿Militarizar una zona por la disputa entre una empresa transnacional y la comunidad indígena que ahí viven?

Viajamos a Santa Cruz Barillas a finales de enero con la intención de entender la estrategia gubernamental y los intereses empresariales escondidos detrás del megaproyecto así como la estrategia de lucha de los líderes y organizadores comunitarios del movimiento en contra de la instalación de la hidroeléctrica. Durante los días que pasamos en la región, logramos conocer algunas de las zonas afectadas, hablar con los vecinos, mujeres, ancianos, jóvenes, líderes y lideresas, organizadores comunitarios, periodistas, así como el abogado y representante legal del “Caso Barillas”.

Imagen

Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Guatemala. 25 de enero de 2013. Pablo Antonio Pablo muestra la herida de bala que sufrio el 1 de mayo de 2012 al lado de su hija Dominga. Foto: Marta Molina

“El 1 de Mayo vinieron gentes de diferentes municipios  para la feria. De repente se escucharon disparos y alertaron a todo el mundo. ¿Disparos?, ¡Yo no me lo creía! Bajé a ver. Cuando llegué, mi tío Pablo Antonio Pablo estaba sangrando y acababan de matar al compañero Andrés. Ya estaba muerto y no había nada que hacer. ¿Por qué hacen eso? Me pregunté. Si estas personas son organizadores y participativos, pero no violentos?”, comenta Rocael, quién ese mismo día huyó a las montañas con su mamá embarazada porque tenían miedo de ser detenidos por las fuerzas militares. Otros líderes junto con sus familias, también huyeron hacia la frontera con México.

Días después, el  4 de mayo, declararon un Estado de sitio en la zona durante 17 días. “No podíamos llamarnos entre nosotros porque teníamos los celulares intervenidos. Nos comunicamos a través de nuestro idioma, el q’anjob’al. La gente tenía miedo porque empezaron a perseguir líderes comunitarios con la excusa de que tenían sus nombres en una “lista negra” y fotos de varia gente participando en las movilizaciones”. Pero Rocael nos comenta que, como la mayoría de barillenses, tuvo que perder el miedo para seguir defendiendo su territorio.

Intento de desarticulación del movimiento

La compra de tierras a los indígenas, la persecución de líderes, la fabricación de presos políticos y hasta la acusación de narcotraficantes y terroristas se convirtieron en las estrategias principales para intentar dividir,  desarticular y desvirtuar el movimiento por parte de la empresa.

Ya en julio del 2009, Hidro Santa Cruz interpuso en el juzgado de Barillas las primeras denuncias contra 6 líderes comunitarios y una lideresa por los delitos de coacción, intimidación, detención ilegal y hasta narcotráfico. El año pasado hubo líderes presos de los cuales se demostró su inocencia y ya fueron liberados. Con este procedimiento, se conduce al movimiento hacia un largo proceso de confrontación legal que provoca desgaste interno. Esto, aunado a la fabricación de presos políticos intentaron estancar al movimiento para que la comunidad organizada convirtiera en prioridad número uno su liberación.

Hermelinda nos cuenta que otra de las estrategias de desarticulación de la protesta social por parte del gobierno de Guatemala y la empresa, fue la persecución de los líderes. Ella fue una de las perseguidas y tuvo que dejar su casa su marido y sus tres hijas durante dos meses después del Estado de Sitio. “Fueron los lideres comunitarios los que tuvieron persecución y amenazas. Actualmente hay 20 lideres que tienen ordenes de captura. También los que estuvieron en la cárcel habían trabajado por su comunidad, organizando. Lo que quería la empresa era deshacer el tejido social, y el gobierno, les apoyó, porque nosotros no somos delincuentes, simplemente nos estamos organizando para defender nuestra tierra”, comenta.

El abogado del Caso Barillas, Carlos Manuel Bezares, nos cuenta que la empresa se presenta al filo de 2008 como Hidralia-Ecoemer y que ya tenía una serie de problemas legales y económicos en España. Por esta razón empezó a instalar la hidroeléctrica con gran oposición comunitaria y sin tener una legalidad en Guatemala. “Después, adquiere legalidad, en 2011, año en el que inician una serie de persecuciones penales en contra de líderes que se habían opuesto a esta situación”.

Además, el pasado mes de agosto, la empresa ofreció el pago de 1 millón de Quetzales –moneda de Guatemala- anual como compensación al municipio a cambio de poder operar en el territorio sin oposición de la población. Pero antes, ya en 2006, nos cuenta Hermelinda que vino la empresa a dialogar con el Consejo Municipal y solicitó conocer el territorio y identificar dónde hay minerales. “Aquí en Barillas hay 2 comunidades en las que hay, en Puente Alto y el Pueblo Viejo, que, casualmente, se encuentran a la par de donde esta ahora la construcción de la hidroeléctrica”.

La compra de terrenos aledaños fue otra estrategia de la empresa para dividir a los vecinos organizados y asentarse al lado del río. Según Hermelinda empezaron a comprar terrenos pero a través de otras personas, sin identificarse como parte de la empresa e intentando ganarse el apoyo de algunos vecinos. Uno de los comunitarios a quien le ofrecieron comprar su terreno fue Pablo Antonio Pablo. Se negó. Tiene 59 años y el pasado 1 de mayo recibió una herida de bala en el brazo cuando asesinaron a su compañero. De hecho parece que el atentado cometido contra el campesino Andrés Francisco Miguel no iba contra él sino contra Don Pablo, por negarse a vender sus terrenos aledaños al río a la empresa Hidro Santa Cruz.

Paseamos con Don Pablo por el camino donde él fue baleado y cayó muerto el campesino Andrés. Allí se encuentra una cruz de piedra en su honor. Nos adentramos a la comunidad Cantón Recreo B y conversamos con más vecinos. Todos coinciden en decir que a pesar de tener miedo, si no lo pierden, no podrán seguir luchando por lo que es suyo. “Ya quitaron a nuestros abuelos abuelas y antepasados de sus casas durante la guerra. ¿Y ahora? ¿Dónde nos quieren mandar?” comenta indignada una vecina que afirma haber visto como la seguridad de la empresa toma fotos sin permiso a todos los que pasan por delante de sus instalaciones.

A pesar de que el día 18 de mayo el gobierno de Guatemala decide poner fin al Estado de Sitio y que semanas después capturaron a dos personas encargadas de la seguridad de la empresa acusados de asesinar al campesino Andrés Francisco Miguel, el hostigamiento y la militarización de la zona, continua. Hermelinda, por ejemplo, como Isabel, otra compañera vecina de Cantón Recreo B y otros 20 líderes tienen, aún hoy, orden de aprensión.

Hermelinda se fue de Barillas dejando hijas y marido, todo el mes de mayo retornando en junio. Entonces realizaron otra concentración en memoria del compañero que fue asesinado para seguir pidiendo justicia para él y para los presos”.  A la semana siguiente le sacaron orden de captura alegando que había participado “en los disturbios del 1 de mayo” y la acusaron de 10 delitos, entre los que figuran narcotráfico y terrorismo. Tres meses después se demostró que esa orden de captura fue ilegal y se anuló el pasado 11 de septiembre.

Hermelinda no es el único caso de lideresa organizadora indígena acusada de narcotraficante y terrorista. Según explica el abogado Carlos Manuel Bezares, el gobierno utiliza la figura del terrorismo como forma de persecución penal hacia las comunidades en resistencia y las organizaciones sociales señalando que la toma de carreteras y las movilizaciones son “actos terroristas” y así justificar la represión ante la opinión pública. Así ocurrió en el Departamento de Totonicapan (al norte de Huehuetenango) el  pasado 4 de octubre de 2012 durante una protesta pacífica de indígenas maya k’iche contra el alza de las tarifas eléctricas, la instalación de hidroeléctricas y la política de explotación minera. La represión -por parte del ejército- acabó con la vida de 8 comunitarios.

Esta reconfiguración ideológica del enemigo como “terrorista” se presenta como una nueva contrainsurgencia en la que se quiere vincular a los líderes sociales y sus demandas con los intereses del narcotráfico y el crimen organizado.

Trabajo de organización comunitária

La lucha inicia desde el 2007 después de la primera consulta comunitaria que dijo “no” a la hidroeléctrica. A pesar de que en Guatemala esta consulta y las que se hicieron a posteriori tienen validez legal y son legítimas, el proyecto sigue en pié.

Barillas llevaba años organizándose. El proceso de trabajar con las comunidades inició desde el 2006 y se trabajó específicamente con la juventud haciendo talleres de capacitación en organización comunitaria. Luego se fue trabajando el tema ambiental y en ese proceso vieron la necesidad de sensibilizar a los vecinos sobre los impactos de los megaproyectos en el territorio. “Así iniciamos un trabajo de información a las comunidades sobre la explotación minera, la construcción de la franja transversal del norte y fuimos investigando para informar a las comunidades”, comenta Hermelinda.

Pero la empresa también empezaba a vender su imagen diciendo que la energía eléctrica era para el beneficio del pueblo y que todo lo que generaría iría para el pueblo, “que iban a sembrar arbolitos, que iban a dar empleos y trabajo para las mujeres porque iban a lavar los pantalones de los que iban a trabajar”, comenta Hermelinda. Y así fue desde el 2009 pero las comunidades igualmente dijeron que “no” al proyecto.

Pero aún hoy hay comunidades que están muy retiradas y que no tienen completa la información. Aprovechando esta situación, la empresa ha hecho una publicidad tremenda a través de la red de cable y radio local y comprando a gente para que vayan a las comunidades “a mal informar y a decir los supuestos beneficios y nunca las desventajas”.

Militarismo y violencia

“Desde que se vino esta empresa está la violencia”, comenta Micaela, vecina y organizadora del movimiento anti-hidroeléctrica. Y es que en el caso de Barillas, este modelo de implantación de empresas extractivas utiliza, además, el militarismo como estrategia para penetrar en las comunidades. Hubo un Estado de Sitio durante 17 días, detenciones y prisión preventiva para los líderes. Además, según el abogado del caso, “se capturó sin investigación previa a las personas y durante el caso tenemos la presencia de la empresa en todas estas situaciones a través de sus nexos con militares como Roberto Garrido Pérez –que a su vez está siendo investigado por tener vínculos con el crimen organizado con el narcotráfico, con robos millonarios y con espionaje– y él es el representante de la empresa en las comunidades, el que facilita la relación comunitaria”

Se acabó el Estado de Sitio pero la zona quedó militarizada y aún hoy hay destacamentos militares como medida de presión e intimidación para los comunitarios. Según el abogado Bezares, se pueden militarizar otras regiones donde se quieren impulsar proyectos extractivos, por ejemplo en la Puya o en otras regiones de Guatemala. Sea minero o hidroeléctrico, el modelo es el mismo.”

Esto nos pone en la dinámica de que es posible que el resultado del caso Barillas no sea real por los intentos de bloqueo de pruebas que han intentado hasta ahora para poder salir libres de toda esta situación. Según el abogado, el caso debe ser investigado de otras maneras por la Comisión contra la Impunidad porque hay interferencia de poderes paralelos, por ejemplo, el socio nacional de la empresa es Roberto López Villatoro, que a su vez es ex yerno del General Ríos Montt –que será juzgado el 19 de marzo en Guatemala por crímenes de guerra- “y a la vez es uno de los mayores contrabandistas de Guatemala y tiene nexos con el crimen organizado”, comenta. Además, es abogado de profesión y ha logrado una estructura de abogados que colocan magistrados “amigos” para escapar a la justicia guatemalteca.

Se repite el mapa de la guerra civil

El joven Rocael, de 21 años, platica con un señor mayor. No habla español pero le explica en Q’anjob’al lo que pasó durante la guerra civil interna.

Después de varias conversaciones llegamos a la conclusión de que el mapa del conflicto armado, coincide con el de las zonas donde se están implantando nuevos modelos extractivos, sean mineros, hidroeléctricas o de otro tipo. Son precisamente las comunidades que sufrieron conflicto armado donde se están implantando estos los modelos de supuesto desarrollo. Eran, hasta hoy, sitios olvidados.

“El neoliberalismo necesitaba pacificar las áreas de conflicto para poder expoliarlos de esa riquezas, y de ahí la razón por la cual estaban tan interesados en resolver conflictos armados internos”, comenta el abogado Carlos Manuel. “Cuando llegaron los españoles les expropiaron las tierras útiles  y les mandaron más hacia las montañas inhabitables, inhóspitas. Y ahora descubren que ahí hay oro, que ahí hay mercurio, ríos caudalosos que producen energía… Entonces, ¿también de ahí los vamos a expulsar? Continúa la lógica del indígena aplastado y despojado de su territorio”.

 Perder el miedo

 Los hechos en Barillas, así como las resistencias comunitarias en otras regiones del país, suceden en un momento en Guatemala en el que parece que se apuesta por la reconfiguración de la alianza oligárquico-militar histórica, mediada por la llegada al gobierno de militares profesionales retirados expertos en inteligencia, contrainteligencia y quienes fueron piezas clave durante la guerra.

 Además, en el caso de Barillas, el terror y el miedo aún están patentes con la presencia de militares y fuerzas policiales. Se reavivó en la memoria la persecución, el asesinato y muerte que hubo durante el conflicto armado interno, y los liderazgos locales tuvieron que irse por el terror infundido y la persecución política.

De ahí que el Estado actual pueda caracterizarse como uno de corte militarista, y contrainsurgente y que con la excusa de la “seguridad democrática” construye un enemigo interno y lo usa como excusa para lanzar una política de seguridad nacional militarizada sobre todo en las regiones en resistencia por la defensa del territorio.

En pleno 2013 se sigue reproduciendo el sistema de explotación de los recursos naturales en forma de implantación de megaproyectos extractivos por parte de empresas transnacionales en territorios localizados en países que tienen una débil institucionalidad. Este esquema, que se repite e lo largo y ancho del planeta desde épocas coloniales, sigue más vigente que nunca en plena era del capitalismo neoliberal.

Pero también siguen más atentas y organizadas que nunca las comunidades indígenas que están sufriendo en su territorio tremendas injusticias amparadas dentro de un modelo económico que se les intenta imponer. Esta historia de conquista que pretende repetirse hoy y quedar impune, se encuentra con poblaciones indígenas organizadas que no están dispuestas a ser expropiadas y despojadas de nuevo ni que se explote su territorio implantando empresas extractivas de capital extranjero.

Los Maya Q’anjob’al, en Barillas, siguen organizándose y perdiendo el miedo. Cada vez son más. El pasado 15 de febrero, organizaron una manifestación pacífica en la que insistieron en reiterar el “no” a la implantación de Hidro Santa Cruz en sus tierras. Ermitaño López, líder comunitario, pronunció estas palabras:

“estamos aquí para hacerle saber al presidente que Santa Cruz Barillas no quiere la empresa, queremos vivir en paz, por eso traemos nuestra bandera y nuestro pañuelo blanco, para demostrarle al mundo entero que Barillas quiere vivir en paz para que pueda vivir en paz Hidro Santa Cruz abandone este municipio”

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