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Exigen justicia y verdad para las víctimas de la guerra sucia en Chiapas

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El papá de José Tila López, muestra la foto de su hijo que fue asesinado a los 23 años por ser base de apoyo zapatista.

@martamoli_rr  / Rebelión

Durante este viernes y sábado se celebró en Susuclumil, Tila, -Chiapas- la Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos -Capítulo México- referente al eje de Guerra Sucia, un tribunal popular que pretende juzgar al Estado Mexicano por crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona Norte Selva y Altos de Chiapas. Durante dos días testigos, sobrevivientes y familiares de comunidades mayas chol dieron sus testimonios como víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y de exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94’. Esta guerra, implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, se incubó primero en la zona Norte de Chiapas, particularmente en los municipios de Yajalón, Tumbalá, Tila, Sabanilla y Salto de Agua, y se reprodujo más tarde en la zona Altos.

La guerra tuvo como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; crímenes de lesa humanidad que aún siguen impunes. Según Pedro Faro, presente en la mesa del Tribunal y representante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en la zona chol entre 1995 y 1999 -durante la presidencia de Ernesto Zedillo- el grupo paramilitar Paz y Justicia, desplazó a más de 3,500 personas y cometió al menos 85 ejecuciones y 37 desapariciones forzadas.

“A mi hijo José Tila le mataron por ser base de apoyo zapatista en 1998. Tenía 23 años y dejó 5 hijos. De eso hace más de 15 años y nunca castigaron a los culpables, paramilitares de Paz y Justicia”, comenta José Torres López en entrevista durante un breve receso de la preaudiencia. Sostiene la foto de su hijo y le acompaña su nieto Bayardo López, de 18 años, quien revive la historia del asesinato de su papá al que mataron cuando tenía apenas 3 años.

Fue en la zona Norte donde surgió el grupo “Desarrollo Paz y Justicia”, quien actuó fuertemente entre los años 1995 y 1999 en contra de comunidades que se negaban a participar con ellos y opositoras al PRI -Partido Revolucionario Institucional- y al gobierno, particularmente aquellas pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática -PRD- y a las cuales se les vinculaba con el EZLN por aquel entonces.

Según Faro,  el patrón de actuación de Paz y Justicia, se reproduce en los grupos paramilitares del PRI creados en la zona Altos, particularmente en el municipio de Chenalhó entre 1996 y 1997, “en agresiones armadas en el municipio del Bosque y la comunidad de los Platanos, dejó ejecuciones extrajudiciales, desplamiento forzado de 6,332 personas y la Masacre de Acteal en diciembre de 1997”.

Durante otro receso, Emilio Pérez nos cuenta con tristeza la historia de su hijo Héctor Pérez Torres, maestro de preescolar comunitario asesinado el 14 de julio de 1995 a sus 23 años en la comunidad de Chuctieja. Su caso confirma la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas que se profundiza en la acción militar y paramilitar con el objetivo de aniquilar a los simpatizantes del EZLN.

“Él iba con su esposa. Ese día, los de Paz y Justicia de la zona de Crucero hicieron un bloqueo de caminos. Lo calumniaron, decían de él había asesinado a 3 personas en un rancho, pero no era cierto. Le inventaron un delito. Mi hijo iba a Tila y en Chuctiejá ahí estaban todos parados en el camino. Ya nunca llegó a Tila. Su esposa Elia vió cómo empezaban a agarrar a mi hijo e intentó defenderlo. Les tenían odio a los que estaban con el EZLN. Queremos justicia, hasta que todos los culpables sean encarcelados, hasta el último autor material e intelectual, porque por aquí siguen tranquilos”.

La finalidad de la preaudiencia, por la que pasaron más de 20 testigos, fue denunciar y probar las violaciones graves de derechos humanos que el Estado mexicano ha cometido en contra del pueblo de México, en especial de los pueblos originarios en Chiapas. El próximo lunes se hará público el dictamen de esta preaudiencia.

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Emilio es de Masoja Shucja. Su esposa enfermó a raíz del asesinato de su hijo y murió hace 2 años. Tiene 59 años y vive con su hija. Dice que no tiene miedo de testificar a pesar de que “aún hay asesinos de esa época que continúan sueltos”, comenta.

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