Voces contra la violencia patriarcal en Bolivia

Un recorrido por distintas voces de mujeres bolivianas que narran las violencias que hay en su entorno y los muros con los que se encuentran en medio de la violencia patriarcal que contamina múltiples esferas de sus vidas.

“A nosotras nos interesa la vida, no nos interesan las sillas”

Las distintas voces feministas, dentro de todas sus diversidades, luchan en Bolivia para transformar las formas de hacer política y están empezando a hablar también de formas de economía orientadas a la reproducción de la vida. “No queremos sólo leyes en contra de la violencia y queremos que las que hay, se apliquen”, comenta Silvia Fernandez, del colectivo Feministas Pluridiversas y una de las personas que acompañó el proceso de construcción de la Ley 348/2013 en contra de la violencia contra las mujeres. “No es cuestión de ordenar y mandar como hace el patriarcado. Lo nuestro es deconstruir”. A las Feministas Pluridiversas, no les interesa este poder sino restituir las condiciones que hacen posible la vida, y eso supone posicionarse con un firme no más feminicidios, no más violencia en contra de las mujeres, no al extractivismo, no más despojo de los territorios, respeto a los saberes y conocimientos ancestrales y un cambio de patrones de consumo.

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Adriana Guzmán. feministas comunitarias antipatriarcales de Bolivia. Foto: Marta Molina

Las feministas pluridiversas (las comunitarias, las indígenas, las campesinas, las autónomas, las anarquistas, las socialistas) se organizan desde distintas posiciones políticas se trata de un intento de articulación no tiene que ver solamente con la sensibilidad de las feministas sino también con que el sistema patriarcal se ha profundizado. Adriana Guzmán, de las feministas comunitarias antipatriarcales, insiste en remarcar que organizarse y articularse es un asunto de sobrevivencia y no de claridad política ni de convicción: “Nos están matando y si no lo enfrentamos juntas es mucho más posible que nos maten”.

Bolivia es el país que tiene uno de los índices más altos de feminicidios de toda la región suramericana y en el que cada dos días y medio es asesinada una mujer. “¿De qué democracia estamos hablando, si el estado de violencia es permanente?, ¿vamos a defender esta democracia que nos mata?”, se pregunta Fernández.

“El patriarcado lo tiene fácil porque sólo se preocupa de una ley, pero las feministas pluridiversas no se ocupan sólo de una cosa: a nosotras nos interesa la vida, no nos interesan las sillas”, sentencia Fernandez. Este es uno de sus lemas y a partir de ahí siguen tejiendo formas distintas de hacer y caminar en todas las esferas de la vida. Las feministas pluridiversas no dejaron de reunirse incluso en la situación de convulsión y tensión que vivió el país a inicios del Golpe de Estado en octubre de 2019 y con las dificultades que tenía seguir unidas en un contexto político que empujaba a la extrema polarización.

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Cementerio de Villa Ingenio en El Alto el día 1 de noviembre. / Foto: Marta Molina

Nos están matando

Cada 1 de noviembre (Día de los muertos) los y las difuntas regresan a sus casas en forma de muñecas de pan (las tantawawas) y toman lugar en un altar repleto de frutas y comida que los familiares preparan para honrarlas. A los lados, se coloca una escalera de pan para que el difunto descienda y regrese a su casa sin contratiempos. Un caballo, también de masa de pan, le llevará la comida y un árbol de caña de azúcar le servirá de bastón y sombra. Tampoco falta el agua, para que el tránsito sea fluido. El altar se completa con panes en forma de cruz y platillos típicos, refrescos y hojas de coca. El festejo se prolonga en los cementerios, donde la música acompaña a las almitas para que tengan una despedida alegre.

Color, alegría, comida, canto y música son los elementos que predominan durante los dos primeros días de noviembre, incluso en casa de Marcelina que vive en un barrio muy humilde de la ciudad de El Alto y que hace ya dos años que pide justicia para el asesinato de su hija Estefanía Arias. Tenía 20 años. Su foto preside el altar. Está todo preparado para recibir a su almita y estar con ella hasta el mediodía del día 2 de noviembre que se irá después de que sus familiares y amigas hayan compartido una gran comida en su honor.

Estefanía estaba en el último año de la carrera de Química Industrial en la Universidad Mayor de San Andrés. Quería graduarse para que su madre dejara de trabajar. Amaba el folklore y el baile. Por eso el altar está lleno de muñecas bailarinas vestidas con trajes tradicionales. La violaron y la mataron hace dos años. La encontraron muerta y maniatada en una autopista y su hermana nos cuenta que lo último que supieron de ella fue a través de un amigo al que le escribió por WhatsApp diciendo que el taxista estaba tomando otro rumbo distinto al de su casa y al que intentó llamar pidiendo auxilio. Pero ese día no regresó.

Estefanía ha tenido que pagar con su vida la ineficiencia de la justicia porque su victimario ya estaba acusado de violación en Cochabamba y no le llegaron a sentenciar porque la familia de la chica violada no pudo aportar pruebas”, comenta su hermana. La familia está indignada porque la Fiscalía les pide que aporten pruebas para que se sigan las investigaciones. “La única prueba que tengo es el cuerpo de mi hermana, y son incapaces de seguir con la investigación”, sostiene.

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Altar para Estefanía Arias en su casa. Foto: Marta Molina

Según la Ley 348 aprobada en Bolivia en el año 2013, se habla de feminicidio no sólo cuando la mujer tiene una relación con el autor del crimen sino también cuando hay “un grado de vulnerabilidad” en la mujer que es asesinada. Los hermanos de Estefanía dejaron de trabajar para poder hacer el seguimiento del caso y la economía familiar (y la salud) se sigue deteriorando. Ya gastaron más de 5.000 dólares (más de 4.600 euros) y están todavía a la mitad del proceso. “Te hacen volver una y otra vez a los juzgados pidiéndote papeles y pruebas. Parece que te quieren cansar. Además, cada vez que vamos a Fiscalía tenemos que revivir todo lo que pasó y ver a los que participaron en el asesinato y la violación de mi hermana”, cuenta su hermana.

El caso de Estefanía todavía no está resuelto. No hay sentencia para el taxista y no se ha podido demostrar que hubo otras personas implicadas en su asesinato como corroboran las pruebas de las primeras investigaciones. “Hay muchas familias que, como nosotros, viven con miedo a represalias. En nuestro caso son cuatro personas las que han salido con medidas cautelares y me da miedo encontrármelos en la calle”, explica su hermana. “Además, aquí tiene justicia el que tiene dinero, y parece que es el caso de los cuatro acusados”, añade.

No hay un acompañamiento a los familiares de las víctimas por parte del Estado pero si lo hay por parte de organizaciones de mujeres como Acción 8 de marzo. “Gracias a ellas sentimos que no estamos solas y nos ayudan a que perdamos el miedo a contar nuestras historias, a romper el silencio y dar a conocer al mundo lo que está pasando”, comenta la hermana de Estefanía.

Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Bolivia es el país donde se registran más asesinatos a mujeres en Sudamérica. También apunta que al menos 3.529 mujeres han sido víctimas de feminicidio en 2018 en 15 países de América Latina y el Caribe. La misma fuente recoge que en 2018 Bolivia registró un total de 130 feminicidios, la cifra bajó para el 2019 con 117 asesinatos de mujeres y ya se han registrado 21 casos de feminicidios en el país solamente entre enero e inicios de febrero de 2020. Cinthya, de 30 años, es la víctima 21. Fue apuñalada en el cuello por su pareja en una habitación.

Justicia patriarcal

En el año 2012 Analí Huaycho, periodista de la ciudad de El Alto, fue víctima de feminicidio. La mató su expareja (integrante del cuerpo de policía), y padre de su hijo. El caso tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación y la impunidad y protección estatal del feminicida (llamado “Clavijo”) indigna a las mujeres, representadas en ese momento por un pequeño grupo de jóvenes activistas, que toman las calles, autoconvocadas para manifestarse contra el patriarcado. Interpelan al Gobierno demandando sanción a los feminicidas.

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Shezenia Hannover, prima de Analí Huaycho. / Foto: Marta Molina

Un año después del feminicidio, la policía dio por muerto al feminicida sin la identificación del cuerpo por parte de la familia de Huaycho. No era el primer caso de impunidad y complicidad estatal con el feminicida, estaba precedido por otros muchos casos impunes en Bolivia. Pero el caso de Huaycho sirvió para que el 8 de marzo de 2013 llegara la respuesta estatal con la promulgación de la ley 348 que incorpora el feminicidio como delito de orden público.

La ley sale adelante cuatro años después de la aprobación la Constitución Política del Estado Plurinacional, que incluye ya el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Según la activista Silvia Fernandez, se tata también de un intento de acallar las protestas feministas por la impunidad y complicidad estatal en los casos de violencia contra las mujeres.

La Ley 348/2013 se empezó a elaborar por colectivos de mujeres feministas y especialistas en temas de violencias y fue aprobada, con recortes sustanciales, en la Asamblea Legislativa. Según la abogada penalista Jennifer Guachalla, la ley “envía a las víctimas de violencia a un sistema de justicia corrupto y colapsado”. Además, como sostiene Adriana Guzmán, el Estado no ha puesto el esfuerzo necesario ni hay las condiciones para que la ley se implemente “y eso tiene que ver con la mirada patriarcal tanto del Estado como de los operadores del Estado a los que no les parece importante”. Guzmán recuerda que a la ley se le asignó el presupuesto de impuesto directo de los hidrocarburos lo que hace que el cumplimiento de esta ley esté a merced del mercado y muchos departamentos del país sigan sin poder aplicarla por falta de presupuesto.

Muchos de los casos de feminicidio siguen impunes porque el poder económico y el poder político juegan un papel muy importante y no piensan en las consecuencias que tienen para las familias. “Mi tía todavía vive con miedo”, comenta Shezenia Hannover, la prima de Analí Huaycho. “Ha asumido la responsabilidad de cuidar a su nieto y ambos están recibiendo acompañamiento psicológico porque el pequeño vio como asesinaron a su madre”, narra. No se puede hacer nada más en términos legales porque ya han asumido que el feminicida está muerto, pero para la familia el caso sigue abierto porque nunca reconocieron el cuerpo.

“Estos son los motivos que tengo para para accionar y cambiar este estado de violencia permanente en todas las esferas de nuestras vidas”, comenta Shezenia. Ella forma parte de COMPA, un colectivo de la ciudad de El Alto que trabaja para sanar las violencias a través del cuerpo, del teatro y del arte.

“Llevamos la violencia tatuada en nuestros cuerpos, a través de nuestras madres, de nuestras abuelas y de mucha violencia normalizada no solo en las familias también en el sistema en el que vivimos. Hay que sacarla y deconstruir para construir de nuevo desde otros lugares, desde otras miradas y sin violencias”, afirma Shezenia.

Defensa cuerpo-territorio

En la cuenca del río Beni, en las tierras bajas de Bolivia, existe otro tipo de violencia que afecta a la tierra, al territorio y a sus defensoras. Para Ruth Alipaz Cuqui, dirigente indígena Uchupiamona de la Amazonía boliviana, la violencia patriarcal contra las mujeres ha transcendido la mal llamada violencia doméstica, no solo con el feminicidio, también con el desplazamiento de las empresas transnacionales a los territorios indígenas campesinos y originarios, que quieren apropiarse de los territorios y de sus recursos provocando migraciones y desplazamientos de comunidades locales.

Durante la gestión de Evo Morales, como parte de su política energética, se impulsó la construcción de un conjunto de megaproyectos hidroeléctricos que se consideraron estratégicos para la generación de energía, principalmente para la exportación. Uno de ellos es la hidroeléctrica Chepete-El Bala, ubicada en los departamentos de La Paz y Beni. De acuerdo con un informe técnico de Geodata, la empresa italiana encargada de diseñar el proyecto, los embalses inundarían 771 kilómetros cuadrados, desplazando a 5000 persona y afectando a 48 comunidades indígenas y campesinas.

Ruth Alipaz lideró la resistencia en el río Beni en contra del megaproyecto hidroeléctrico y el proyecto se paró. Mejor dicho, se pausó. “Aquí seguimos atentas a lo que pueda pasar porque gobierne quien gobierne, si este proyecto sigue generará un impacto irreversible en el ambiente y más de 5000 indígenas perderán sus tierras. Estamos siempre en alerta”, sostiene. Alipaz cuenta que su historia personal es fruto de esta violencia que ha habido hacia los pueblos indígenas y esa forma en la que los han relegado, postergado y olvidado siempre. “Pero hemos resistido y seguimos viviendo y sobreviviendo en estos espacios que son nuestros territorios de vida: Esta tierra es nosotras mismas, nosotras no existimos si no existe el territorio porque es algo intrínseco en nuestra existencia: territorio, cuerpo, mujer», afirma.

Alipaz siente que, como defensora del territorio, su más profundo ser está amenazado de desaparecer. “No es algo que tú decides hacer en algún momento sino simplemente es algo natural que asumes hacer. Es como si tu familia estuviera amenazada. ¿Qué vas a hacer? Defender tu casa, tu familia. Este pueblo es mi familia, mi sangre, mi cuerpo, mi memoria, están aquí mis ancestros, mis lugares sagrados. Las montañas que tienen nombre, los ríos que tienen nombre, los lagos que tienen nombre, es el todo”, explica.

Para Ruth Alipaz el territorio es el cuerpo y significa vida, significa reproducción, significa cuidados. Para ella, la lucha por la vida es la lucha por el cuerpo y es la lucha por los aspectos más fundamentales “y el Estado no puede decidir cuál es el patrón de nuestras vidas. Por eso nosotras la defendemos”. Para Alipaz la reproducción de la vida está en todo, en los cultivos, en las semillas, en cómo afrontamos temas de salud, en la contaminación, en el acceso a la educación, en el cómo nos cuidamos y sostiene que no podemos tener una mirada fragmentada o sectorial de las violencias: “Por eso creo que hay que construir los nuevos feminismos también desde esta visión indígena de la defensa de la tierra-cuerpo-territorio que ponga la vida en el centro de todo”.

Paola Gareca es la secretaria ejecutiva de la Subcentral de Tariquía y principal dirigente de la resistencia en contra de la exploración petrolera en una área protegida, la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía en la región sureste del departamento de Tarija, en el sur del país.

El año 2015 el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó tres Decretos Supremos de forma consecutiva que establecen modificaciones normativas al proceso de Consulta Previa a comunidades indígenas, la apertura de actividades hidrocarburíferas en “las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas” y modificaciones a la normativa ambiental sobre los límites permitidos para descargas sobre agua y aire de contaminantes producidos por el sector hidrocarburífero. Estos decretos permitirían a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos -Chaco, junto con la brasileña Petrobras, perforar pozos exploratorios.

Desde entonces las comunidades empiezan a movilizarse en defensa de esta área natural, que está protegida desde hace 30 años por su biodiversidad y su condición de fuente de agua para la región.

Gareca se convierte en la primera mujer que lidera la lucha contra las empresas petroleras a pesar de las agresiones, ataques y violencia gubernamental y empieza a revelar el carácter profundamente patriarcal y machista del capitalismo en su fase más salvaje: el extractivismo depredador de la Madre Tierra. Para Gareca hay que defender la Tierra porque ella nos alimenta. Es parte de nosotras.

Este reportaje forma parte del proyecto ‘Voces, narrativas y prácticas por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en Bolivia’, de la Fundación Intered que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019 que otorga LaFede.cat, a través del financiación del programa Frame, Voice, Report!, de la Unión Europea, de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y del Ayuntamiento de Barcelona.

 

+ Info

Exposición Transmedia

El pasado mes de marzo inauguramos la exposición transmedia Tejiendo Voces contra la violencia patriarcal en Bolivia en el Ateneu del Raval de Barcelona. Como consecuencia de las medidas de confinamiento no hemos podido recibir a más grupos para vivir la experiencia transmedia en el Ateneu y hemos elaborado una versión On Line de la misma para que podáis disfrutar de los contenidos desde vuestras casas.

Se trata de una presentación PREZI con la que queremos continuar con la idea Transmedia de usar distintos soportes para la realización completa de su recorrido.

https://prezi.com/view/7Aa7fv0BfDQRuvqhO8vJ

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Artículos y reportajes de Marta Molina sobre la violencia patriarcal en Bolivia

Píkara Magazine: “Voces contra la violencia patriarcal en Bolivia

Voces contra la violencia patriarcal en Bolivia

[AUDIO] Territori Clandestí de Ràdio 4:

“Despatriarcalitzar les ments dels qui passen pel carrer”

https://www.ivoox.com/hef-a-bolivia-despatriarcalitzar-les-ments-dels-audios-mp3_rf_47867414_1.html
[AUDIO] Entrevista de Marta Molina a María Galindo del colectivo feminista y anarquista ‘Mujeres Creando’ de Bolivia

https://rtve.es/a/5503089
[AUDIO] Entrevista de Marta Molina a Adriana Guzman sobre feminismo para Wawas
https://rtve.es/a/5528691

 

Una respuesta a “Voces contra la violencia patriarcal en Bolivia

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